La asociación Patim se suma a la celebración del Día Internacional de la Juventud orientando su mirada hacia el ámbito rural. Desde la organización especializada en adicciones se demanda una mayor implicación de toda la sociedad en la construcción de alternativas de ocio saludable para los jóvenes que viven lejos de los núcleos urbanos más poblados con el objetivo de reforzar los factores de protección ante el consumo de drogas.

Las últimas encuestas del Ministerio de Sanidad ponen en evidencia que el inicio en el consumo de alcohol se sitúa en torno a los 13,9 años. El 19,5% de estudiantes de 14 años reconoce que se ha emborrachado alguna vez en el último año, un porcentaje que aumenta según lo hace la edad. “Ya no solo nos preocupa el consumo sino también que ahora beben de forma mucho más compulsiva; mucha cantidad de alcohol en muy poco tiempo”, advierte el presidente de Patim, Francisco López y Segarra, quien apunta que el “atracón de alcohol o binge drinking” es una práctica que han realizado casi el 30% de los alumnos de entre 14 y 18 años, “sin que se existan grandes diferencias entre chicos y chicas”.

López y Segarra insiste en la importancia generar alternativas para que los jóvenes tomen buenas decisiones a medida que van creciendo, especialmente en entornos rurales donde suelen implantarse menos campañas de prevención sobre las adicciones o políticas específicas de reducción de daños. “La juventud se mueve en un contexto muy difícil, debido a cuestiones como la inflación o la baja accesibilidad al mercado laboral o la vivienda, factores que aumentan su vulnerabilidad por lo que es necesario activar factores de protección ante el consumo de drogas”, apunta.

Entre las alternativas que Patim reclama está impulsar un estilo de vida saludable entre la población menor de edad, con modelos y acciones promovidas por nuevos actores –no sólo desde los centros educativos- así como la construcción de un ocio accesible y el rediseño de las políticas de prevención dirigidas a los jóvenes, haciéndoles partícipes del proceso y toma de decisiones. “Compromisos esenciales” que deben afrontar los responsables políticos para proteger a los jóvenes y proporcionarles estabilidad.